Como indicamos el pasado lunes, Vodafone presentó una denuncia conjunta contra Telefónica y Jazztel el pasado 14 de febrero de 2014 ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por "restringir, impedir o falsear" la competencia.
Ayer tuvimos la ocasión de conocer más detalles sobre esta denuncia de la mano de Pedro José Peña, director de servicios jurídicos en Vodafone. En ese encuentro detalló los argumentos de la denuncia y expuso el planteamiento de su empresa ante unas prácticas que a su juicio son "parte de una estrategia de exclusión que pretende mantener a competidores como Vodafone fuera del mercado de la fibra en un mercado crucial".
Telefónica rechaza negociar ofertas comerciales
Como explicaba el Sr. Peña, ha habido diversas conductas que Vodafone ha denunciado ante la CNMC. La primera de ellas es la de "retrasar, dificultar, obstaculizar y hacer ineficiente económicamente el despliegue de las redes de fibra".
En ese sentido, afirman en Vodafone, se denuncia la "negativa de Telefónica a negociar ofertas comerciales de banda ancha" por encima de los 30 Mbps que corresponden a la oferta regulada obligada por la CMT. La regulación, destacan en Vodafone, se ha quedado obsoleta, al ser una norma de 2009 que a pesar de sus esfuerzos sigue sin revisarse. Telefónica cumple esa regulación y da acceso a mayoristas a esas líneas de banda ancha, pero de momento, al no haber regulación actualizada, no hace lo mismo con líneas de 50 y 100 Mbps en fibra.
José María Marín Quemada, presidente de la CNMC, afirmó en el pasado que revisar esa regulación es prioritario. La regulación de los mercados 4 (acceso físico a las redes) y 5 (bitstream, la prestación del servicio virtual) es necesaria, pero esas declaraciones no se han traducido de momento en una decisión de un organismo regulador del que Vodafone también tenía claras quejas por los plazos necesarios para tomar cualquier decisión y ejecutarla.
De hecho, el Sr. Peña indicó que "la regulación es benigna con Telefónica", y que la operadora internacional ha aprovechado también el proceso de tránsito que ha hecho que la antigua CMT se convierta en la actual CNMC.
Cuando Telefónica comenzó a implantar su red de fibra, nos contaba el Sr. Peña, Vodafone trató de negociar con Telefónica. Vittorio Colao, consejero delegado de la operadora de origen británico, envió una carta al presidente de Telefónica, César Alierta, en noviembre de 2012 para llegar a un acuerdo.
La respuesta de Telefónica fue rotunda: Vodafone ya podía competir con las ofertas reguladas (hasta 30 MB), y no tenían interés en llegar a un acuerdo en cuanto al despliegue y gestión de las redes de fibra. La idea de Vodafone era desde el inicio la de la co-inversión en redes de fibra. Repartirse los costes y las zonas en las que implantarla y así avanzar más y mejor entre ambas empresas.
Las verticales, también afectadas
Otro de los aspectos en los que Telefónica ha puesto según Vodafone todos los obstáculos posible ha sido el de las infraestructuras verticales. Este tipo de instalaciones que suponen el tramo final de las implantaciones de fibra deberían ser de nuevo compartidas según el criterio de la empresa, pero en Telefónica no estaban del todo de acuerdo.
De hecho, la norma obliga a que el operador que llegue primero y abra la línea debe compartir ese último acceso y el coste se reparte entre aquellas operadoras que lo compartan. Telefónica trató según Vodafone de retrasar todo lo posible (hasta 8 meses, indicó el Sr. Peña) un acuerdo de precios, y de hecho cuando por fin lograron ese acuerdo, lo hicieron a precios que en Vodafone consideraron abusivos.
Vodafone firmó aquel acuerdo inicial, pero avisando en ese mismo momento a Telefónica que recurriría a la CNMC para luchar por un precio más justo. Y lo logró, al menos en parte, cuando la CNMC intervino y redijo el precio inicial en un 26%.
Así, mientras que Telefónica pedía 158 euros por edificio, la CNMC establecía que el coste debía situarse en 126 euros. Finalmente el coste parece haberse establecido en 104 euros, aunque en Vodafone pretenden que ese acceso a verticales se ajuste al precio de coste real, que según el Sr. Peña está en unos 80 euros.
Telefónica elige a sus aliados cuidadosamente
Otro de los argumentos de la denuncia de Vodafone se centró en la forma en la que Telefónica se cierra a ciertas negociaciones pero abre las puertas a otras empresas. Sucedió con Jazztel, que sí estuvo invitada a la co-inversión en infraestructuras verticales. Eso, según el Sr. Peña, permite a ambas operadoras inflar artificialmente los precios por encima del mercado y de los costes.
Algo parecido ha sucedido con el acuerdo con Yoigo, del que también hubo comentarios a pesar de no ser parte de la denuncia. Peña calificó el acuerdo de Telefónica y Yoigo en materia de 4G como un caso "clamoroso" de la actitud de Telefónica y de cómo la empresa consigue "acuerdos totalmente selectivos" e injustificables.
El Sr. Peña también habló sobre el acuerdo al que también han llegado Yoigo y Telefónica en materia de fibra, y que permite a Yoigo actuar como revendedor o agente --no como mayorista-- de la multinacional española. Esta es otra acción que Vodafone criticaba claramente.
Vodafone está "agotada", según indicó el Sr. Peña, de esperar la decisión del regulador, de que éste tome medidas cautelares, y de que Telefónica esté tratando de retrasar todo este proceso lo máximo posible con el fin de ganar tiempo y además llegando a acuerdos con socios que no pueden dañar su negocio.
La perplejidad como respuesta de Telefónica
Por su parte, Telefónica respondió a la denuncia de Vodafone con unas declaraciones en las que afirmaba estar "perpleja" por la reacción de su competidora, en un momento en el que, dicen, la competencia está fuera de toda duda.
En esas declaraciones los responsables de la multinacional española recordaron que Telefónica, Orange y Vodafone firmaron un acuerdo para el despliegue de fibra óptica compartiendo el coste e instalación de las infraestructuras verticales en los edificios.
¿Qué es lo que busca Vodafone con la denuncia?
La denuncia de Vodafone tiene como objetivo lograr varios resultados. El primero y más importante, el de ofrecer acuerdos a mayoristas --cuidado, no solo a Vodafone-- para que puedan ofrecer servicios de fibra con velocidades de 50 y 100 Mbps. En ese sentido la entidad reguladora debería no solo revisar la normativa existente, sino que incluso debería establecer una compensación en concepto de daños y prejuicios.
Aunque hay países en los que hay situaciones algo similares, el Sr. Peña destacaba el caso de Alemania, donde O2 y Deutsche Telekom llegaron a un acuerdo para co-invertir en fibra y para ofrecer el acceso a ese segmento a otros proveedores como mayoritarios.
El segundo de los resultados buscados es el de lograr que los precios del acceso a las infraestructuras verticales fueran dirigidos a costes, en lugar de los precios que ahora trata de imponer Telefónica e incluso los que están establecidos por la CNMC.
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